En el presente post pasamos a explicar que ocurre con los plazos de prescripción de un delito cuando se interpone denuncia o querella ante un órgano judicial, pues el plazo de prescripción del delito se interrumpe dejando sin efecto el tiempo transcurrido cuando el procedimiento se dirige contra la persona indiciariamente responsable del delito, entendiendo, según establece el artículo 131 del C.P, que esto sucede no por la simple presentación de denuncia o querella, sino cuando el juez de instrucción, al incoar una causa o con posterioridad, dicta una resolución judicial motivada en la que a dicha persona le atribuye una supuesta participación en un delito. Es decir, el procedimiento no se dirige contra el supuesto culpable por la simple presentación de denuncia o querella, sino cuando el órgano judicial dicta una resolución imputando a dicha persona por su posible participación en el delito.

No obstante, dicha presentación de denuncia o querella ante una sede judicial no es inocua a efectos del tratamiento del plazo de prescripción, pues dicho acto de denuncia supondrá una paralización del cómputo del plazo de prescripción del delito durante periodo máximo de seis meses, el cual comenzará a contar desde la fecha de presentación de la denuncia o querella.

Si dentro de ese plazo máximo de seis meses de paralización del cómputo del plazo de prescripción, se dictase contra el denunciado o querellado o cualquier otra persona que pudiera estar involucrada en los hechos una resolución judicial motivada que supusiese dirigir el procedimiento contra éstas o alguna de éstas, la interrupción de la prescripción se entenderá retroactivamente producida en el momento de la presentación de la denuncia o querella, siendo por tanto esa fecha la que a todos los efectos se tendrá en cuenta.

Por contra, el cómputo del plazo de prescripción del delito continuará desde la fecha de la presentación de la querella o denuncia si, dentro de ese plazo máximo de seis meses, se dictase resolución judicial firme de inadmisión a trámite de la querella o denuncia o por la que en su caso se acuerde no dirigir el procedimiento contra la persona denunciada o querellada.

La continuación del cómputo de plazo de prescripción se producirá también a los efectos señalados en el párrafo anterior, si, dentro de ese plazo de seis meses, el juzgado de instrucción competente no adoptase ninguna de las resoluciones anteriormente señaladas.

Así pues, si bien la denuncia o la querella no tienen la capacidad por si mismas para interrumpir el cómputo del plazo de prescripción de un delito, al no ser una resolución judicial de contenido sustancial de prosecución del procedimiento contra el presunto culpable, su tratamiento procesal a la hora de afectar a la posible prescripción del delito no es neutra, ya que implicará una paralización o congelación del cómputo de plazo, lo cual puede llegar a ser sustancial o determinate en aquellos supuestos en los que el delito está cercano a su plazo de prescripción.