En resumen los delitos contra la ordenación del territorio consisten en llevar a cabo por parte de promotores, constructores o técnicos directores obras de urbanización, construcción o edificación no autorizable en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección. ( penado con prisión de un años y seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses)

También consiste, por parte de los sujetos activos anteriores, el llevar a cabo las mismas acciones de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelo no urbanizable. ( penado con prisión de un año a tres y multa igual que en el caso anterior)

De afectar las anteriores acciones algún espacio natural protegido se impondrán las penas superiores en grado a los supuestos anteriores.

Si el culpable hubiera procedido voluntariamente a reparar el daño causado , se impondrá la pena inferior en grado.