Abogado penalista especialista en delitos relativos a la prostitución
Defensa penal especializada
Soy abogado especializado en Derecho Penal, con experiencia en la defensa de personas investigadas o acusadas por delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual.
Mi objetivo es diseñar una estrategia de defensa personalizada, orientada a conseguir, según las circunstancias de cada procedimiento, el archivo de las actuaciones, la retirada de la acusación, la absolución o, subsidiariamente, la imposición de la pena mínima legalmente posible.
Los delitos relativos a la prostitución pueden llevar aparejadas importantes consecuencias penales, especialmente cuando concurren circunstancias como la violencia, la intimidación, el engaño, el abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad, o la pertenencia a una organización o grupo criminal. Por ello, resulta fundamental contar desde el inicio con una defensa penal especializada.
¿Qué establece actualmente el artículo 187 del Código Penal?
El artículo 187 del Código Penal castiga, en primer lugar, a quien, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o mantenerse en la prostitución.
Esta conducta está castigada con prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.
Asimismo, se castiga a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun cuando esta haya prestado su consentimiento, con pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
La propia ley establece que, en todo caso, existe explotación cuando concurra alguna de estas circunstancias:
- Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica.
- Que se le impongan, para el ejercicio de la prostitución, condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas.
Por tanto, el consentimiento de la persona que ejerce la prostitución no excluye por sí solo la responsabilidad penal cuando concurren los elementos de explotación previstos legalmente.
Circunstancias que pueden agravar la pena
El artículo 187 establece que las penas se impondrán en su mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
- Abuso de la condición de autoridad o funcionario público.
Cuando el responsable se haya prevalido de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público, además se contempla una pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.
- Organización o grupo criminal.
Cuando el responsable pertenezca a una organización o grupo criminal dedicado a estas actividades, se aplicarán las penas previstas en su mitad superior.
- Puesta en peligro de la vida o salud de la víctima.
También se agrava la respuesta penal cuando se haya puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o la salud de la víctima.
Además, las penas correspondientes por estos delitos se imponen sin perjuicio de las que puedan corresponder por otros delitos cometidos sobre la persona prostituida.
Una defensa penal adaptada a cada caso
En un procedimiento por delitos relativos a la prostitución, considero esencial analizar de forma individualizada los hechos, la relación existente entre las personas implicadas, las condiciones en las que se desarrollaba la actividad, la existencia o no de una situación de vulnerabilidad, las condiciones económicas y laborales, las comunicaciones existentes y, especialmente, la prueba en la que se basa la acusación.
No toda relación económica vinculada al ejercicio de la prostitución implica automáticamente la existencia de un delito. Para determinar la responsabilidad penal deben analizarse los elementos concretos del tipo penal y las circunstancias acreditadas mediante prueba válida.
Mi finalidad es ofrecer una defensa penal rigurosa y personalizada, protegiendo los derechos e intereses de la persona investigada durante todas las fases del procedimiento.
Si está siendo investigado/a o acusado/a por un delito relacionado con la prostitución o la explotación sexual, puedo analizar su situación y valorar las posibles líneas de defensa y las consecuencias penales a las que se enfrenta.