Si bien existen varias posibilidades de sanción administrativa por no respetar el confinamiento acordado mediante el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo que aplica el estado de alarma en nuestro territorio nacional a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, como son las recogidas en la LO 4/2015 de 30 de marzo, de protección de seguridad ciudadana; Ley 33/2011 de 4 de octubre General de Salud Pública y Ley 17/2015 de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en el presente artículo nos vamos a centrar en las conductas más graves y que son aquellas que supondrían la comisión de un delito de resistencia o desobediencia grave a los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Establece el CP en su artículo 556.1 que serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, lo que sin estar comprendidos en el art. 550 (delito de atentado), resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por su parte, el art. 556.2 castiga con multa de uno a tres meses a los que faltaren al respeto y la consideración debida a la autoridad en el ejercicio de sus funciones. (Es importante tener claro que el sujeto pasivo de este delito leve solo pueden ser autoridades, pero no sus agentes; en este último caso la conducta será castigada mediante una sanción administrativa).

Así pues, y de la lectura de los preceptos podemos concluir que el bien jurídico protegido por la norma es el principio de autoridad dentro del orden público constitucional, y que el sujeto activo, es decir, los posibles autores del delito, podrá ser cualquiera que llevase a cabo alguna de las conductas nucleares descritas en el tipo penal.

¿Requisitos para la comisión del delito de desobediencia grave?

Es evidente que no todo aquel que transite por la vía pública sin justificación, o que realice alguna de las conductas prohibidas por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, cometerá sin más el delito de desobediencia o resistencia grave, ya que en nuestro Ordenamiento Jurídico impera, respecto del derecho penal, el principio de intervención mínima o de última ratio.

Así pues, previo a la posible comisión de un delito de desobediencia, primeramente el acusado deberá ser advertido por los agentes de la autoridad de la obligación de permanecer confinado en su domicilio, o en su caso ser denunciado por la vía administrativa por este motivo, y que, a pesar de esas advertencias o sanciones administrativas, y habiendo comprendido el acusado por lo tanto de su obligación de permanecer confinado, de manera dolosa volviera a saltarse el confinamiento, lo que supondría poder demostrar su desprecio a las ordenes expresamente emitidas y su libre voluntad de incumplirlas reiteradamente.

No obstante lo anterior, el adverbio “gravemente” que recoge el tipo, y que por lo tanto será nuclear en la acción, supone que no pueda acudirse a automatismos en la resolución de los conflictos, y que por lo tanto cada supuesto deba ser examinado de forma individual, a los efectos de determinar si reúne los requisitos suficientes como para que la conducta sea merecedora de reproche penal.

En relación a lo anterior, y a estos requisitos, y a modo de ejemplo, la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa 175/2016 de 27 de septiembre, vino a establecer que: “El requerido conoció el requerimiento, que venía nada menos que de una autoridad judicial y, al colocarse voluntariamente en una actitud pasiva de no permitir que se procediera a la reposición de la línea divisoria de las fincas litigantes, se han cumplido los requisitos del tipo penal del artículo 556 del Código Penal . Como señala la STS 15/3/93, el delito de desobediencia a la autoridad requiere actuación u omisión demostrativa de una voluntad rebelde y contraria a la relación normal; este delito es esencialmente intencional, delito que tiene un elemento subjetivo, que no es otro que el incumplimiento del mandato sea de manera intencional, y no olvidemos, dicho requerimiento se realizó hasta en tres ocasiones, ante lo cual cualquier persona puede comprender que una actitud pasiva no resulta suficiente. Es por esa reiteración que en ningún caso podría considerarse la actitud del acusado como meramente negligente y sí, por el contrario, como una pasividad contumaz frente al requerimiento de la autoridad que integra el elemento subjetivo del delito“.

¿Qué hacer si la policía me detiene por este motivo?

Si por cualquier circunstancia, usted o algún conocido, fuera detenido, debe saber que, como en cualquier otra circunstancia, y a pesar la situación excepcional generada por el estado de alarma, tiene derecho a la asistencia letrada, ya sea de su elección o de oficio.

Debe también conocer, que, salvo excepciones, nuestro consejo legal es no declarar en dependencias policiales y en todo caso hacerlo ante la Autoridad Judicial después de estudiado el problema a fondo, y de esta forma buscar la mejor solución al mismo.

Es también posible, que la policía incoé el atestado como un juicio rápido (aquí puede consultar sus particularidades), por lo que habrá que estudiar que es lo que pueda resultar más beneficioso, sobre todo si el acusado tuviera ya antecedentes penales previos, lo que podría dificultar una posible suspensión de la pena de prisión,  ya que el delito de desobediencia contempla como pena alternativa a la prisión la pena la multa, por lo que ese riesgo en cuanto que la pena de prisión no sea suspendida quedaría despejado o neutralizado.

Para cualquier duda que pudiera precisar  puede consultar AQUÍ.